Un posible desdoblamiento de las elecciones provinciales aparece como una primera señal para conocer el rumbo que tomará Santa Fe. En el gobierno provincial también reconocen un cambio reciente en el clima social: durante los últimos dos meses comenzó a percibirse un mayor malestar por los resultados de la política económica nacional.
El debate político está atravesado por la situación productiva de la provincia. Santa Fe registró un crecimiento del 6,2% en 2025, por encima del 4,4% de la economía nacional, pero desde la administración provincial advierten que ese dato convive con dificultades en comercios, industrias y pymes.
El principal reclamo apunta a los costos de producción. La energía, los impuestos, el financiamiento y la competencia de productos importados aparecen entre las principales dificultades para las empresas. La provincia también planteó al Gobierno nacional el impacto de cargos vinculados con la contratación de potencia eléctrica que afectaron a unas 300 compañías.
Según el diagnóstico santafesino, algunos sectores considerados “ganadores” por el Gobierno nacional, como el agro, también enfrentan márgenes reducidos por la combinación de costos internos y precios internacionales. La maquinaria agrícola atraviesa además un período crítico, mientras que otras actividades industriales y economías regionales necesitan asistencia para sostenerse.
Frente a este escenario, Santa Fe busca diferenciar su política económica de la estrategia nacional. La provincia destinó alrededor de US$2.000 millones a infraestructura y sostiene líneas de financiamiento para inversiones y capital de trabajo. Este año, los créditos coordinados con bancos públicos y privados representarían una inyección de $215.000 millones.
La cuestión tributaria también genera diferencias. Santa Fe sostiene que aproximadamente el 94% de la carga tributaria que soportan los productores corresponde a impuestos nacionales y cuestiona que recursos recaudados por la Nación no regresen a la provincia en obras o servicios.
El gobierno provincial asegura que redujo a la mitad la carga tributaria local y que el campo no paga Ingresos Brutos, mientras que tampoco lo hace el 70% de las pymes y las industrias. Al mismo tiempo, reclama a la Nación una mayor devolución de recursos y una reducción de impuestos.
La infraestructura es otro punto de tensión. Santa Fe asumirá la responsabilidad sobre la ruta A012, una vía clave para conectar la producción con los puertos del Gran Rosario. La provincia sostiene que su deterioro genera mayores costos y tiempos logísticos y que deberá afrontar inicialmente las reparaciones con fondos propios.
En paralelo, Pullaro busca mantener una agenda productiva propia. La provincia impulsa una mayor utilización de biocombustibles, reclama elevar el corte de biodiésel al 15%, con posibilidad de llegar al 20%, y promueve nuevas inversiones vinculadas con el sector.
El escenario deja al gobernador frente a una definición política todavía abierta. Mientras evalúa un eventual acercamiento al oficialismo nacional, Santa Fe mantiene reclamos concretos sobre energía, impuestos, infraestructura y condiciones de competitividad. La evolución de esos factores, junto con el humor social y el calendario electoral, será determinante para las próximas decisiones de Pullaro.
