Los aranceles aduaneros, que fueron un elemento crucial de la estrategia económica y diplomática del presidente Donald Trump durante su segundo mandato, vieron su aplicación restringida tras una decisión del máximo tribunal en febrero. Esto obligó a la administración a devolver a los importadores las cantidades que habían sido cobradas de manera indebida.
Los datos oficiales del presupuesto reflejan un nivel inusual de reembolsos por derechos de aduana, alcanzando u$s81 millones desde el comienzo del ejercicio fiscal (octubre de 2025 para el gobierno federal), en contraste con los u$s5.000 millones que se devolvieron en el mismo periodo del año anterior.
Según informó un funcionario del Departamento del Tesoro en una rueda de prensa, este fenómeno se debe “casi por completo” a la sentencia de la Corte Suprema, con el grueso de los reembolsos concentrados durante los meses de mayo y junio.
Trump había promovido estos recargos aduaneros como una herramienta poderosa para fomentar la repatriación de industrias a Estados Unidos, mejorar las condiciones de negociación para las exportaciones estadounidenses y reforzar las finanzas públicas.
Por otro lado, el déficit público, que había mostrado una ligera disminución el año pasado gracias a los ingresos récord provenientes de los aranceles, ha vuelto a expandirse, alcanzando u$s1.367 billones en los primeros nueve meses del año fiscal, lo que representa un incremento del 2%.
Adicionalmente, cabe mencionar que el país ha destinado más de u$s1 billón a la amortización de su deuda durante este periodo (+14%), mientras que los gastos en el ámbito militar han crecido un 5% en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
