La normativa, incorporada mediante el decreto 2121 y firmada por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, establece que las sanciones se aplicarán en aquellos municipios que adhieran al régimen mediante una ordenanza. En Rosario fueron identificados 1.395 cuidacoches, de los cuales 1.218 se encuentran actualmente en actividad.
El esquema contempla distintas escalas de sanciones. Para una primera infracción, quienes desarrollen la actividad sin autorización en lugares donde exista una prohibición municipal deberán cumplir entre dos y diez días de trabajo comunitario y tendrán prohibido regresar al sitio donde cometieron la falta. Si hay reincidencia, la pena puede elevarse a entre 10 y 20 días de arresto.
La legislación también establece agravantes cuando se producen hechos de violencia o amenazas, cuando la actividad se desarrolla en sectores con estacionamiento tarifado o cuando la persona afectada se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La misma escala se aplicará a determinadas infracciones cometidas entre las 18 y las 6 en zonas escolares, comerciales o próximas a edificios públicos.
También habrá restricciones especiales durante eventos públicos y espectáculos. La prohibición alcanzará un radio de hasta 20 cuadras y comenzará dos horas antes del inicio de la actividad, extendiéndose hasta una hora después de su finalización.
La pena aumenta cuando intervienen varias personas de manera coordinada. En esos casos, las sanciones previstas van de 10 a 20 días de arresto. Si además se identifica a organizadores, coordinadores o responsables de la actividad, la sanción podrá multiplicarse hasta por cuatro y alcanzar un máximo de 80 días.
La nueva normativa es el resultado de un debate que se extendió durante años y que estuvo acompañado por distintos operativos y detenciones vinculadas con la actividad. Durante 2025 se registraron 200 arrestos de cuidacoches en Rosario.
El Senado provincial terminó aprobando la iniciativa en su versión original luego de rechazar modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. La medida también recibió cuestionamientos de sectores que plantearon como alternativa una regulación de la actividad en lugar de su prohibición.
El régimen incorpora además un componente de prevención e inclusión. El Gobierno provincial deberá trabajar junto con los municipios en programas de capacitación en oficios, mediación laboral y asistencia vinculada con salud mental y problemas de consumo.
La aplicación quedará en manos de los municipios que adhieran al sistema. Las administraciones locales estarán facultadas para intervenir ante las contravenciones y podrán solicitar asistencia policial para retirar del espacio público a quienes infrinjan las disposiciones.
En Rosario, el debate sobre la implementación continuó el mismo día de la promulgación de la ley, durante una nueva mesa de trabajo del Concejo Municipal. Allí se analizaron los alcances de la norma y los pasos necesarios para avanzar con la adhesión mediante una ordenanza local. También se planteó la necesidad de diferenciar las situaciones en las que existe extorsión de aquellas en las que se solicita una colaboración voluntaria.
Santa Fe se suma así a otras jurisdicciones que adoptaron restricciones sobre la actividad. En la Ciudad de Buenos Aires se implementó este año un régimen que contempla multas superiores a los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de prisión. Córdoba, por su parte, prohibió en abril la actividad de cuidacoches y limpiavidrios no autorizados, además de las carreras ilegales, con arrestos de hasta seis días para quienes actúen sin autorización municipal. Mendoza ya había establecido restricciones para “trapitos” y limpiavidrios en la vía pública en 2018.
