El planteo fue presentado dentro del concurso preventivo de Toledo y apunta al deterioro de la situación financiera de la compañía. FRIAR, proveedor de carne de la cadena y acreedor posterior a la apertura del concurso, sostuvo que existe un agravamiento de la cesación de pagos y pidió que se impida la disposición de inmuebles mientras se analiza el estado de las obligaciones de la empresa.
Uno de los principales argumentos del frigorífico está relacionado con los cheques recibidos de Toledo como pago por mercadería. FRIAR había utilizado esos documentos para cancelar compromisos con sus propios proveedores, pero el rechazo de algunos cheques lo obligó a cubrir esos pagos con recursos propios. Según su presentación, ese mecanismo le generó un costo cercano a los $100 millones.
A esto se suma la cantidad de cheques rechazados que registra Toledo. De acuerdo con los datos del Banco Central, la compañía acumula 346 documentos rechazados por falta de fondos, por un monto total de $3.499,3 millones. Para FRIAR, estos incumplimientos exceden un problema puntual de liquidez y ponen en duda la continuidad del proceso concursal.
El frigorífico señaló que ya se encuentran en marcha gestiones para solicitar la quiebra de la empresa y cuestionó que Toledo continúe disponiendo de sus propiedades mientras mantiene obligaciones impagas. Por ese motivo, pidió que se suspendan las autorizaciones para vender, transferir o constituir gravámenes sobre sus inmuebles.
En particular, FRIAR advirtió sobre el impacto que tendría la venta de los principales activos inmobiliarios de la cadena sobre las garantías disponibles para los acreedores. Según su planteo, los inmuebles representan una parte sustancial del patrimonio de la concursada y desprenderse de ellos reduciría los bienes que podrían respaldar el cumplimiento de las obligaciones.
El pedido incluye tanto las deudas incorporadas al concurso preventivo como aquellas generadas posteriormente. Además, FRIAR solicitó que la Sindicatura informe cuál es el pasivo acumulado después de la apertura del concurso, cuál es el estado actual de los activos de Toledo y cómo fueron utilizados los fondos obtenidos mediante operaciones inmobiliarias recientes.
La jueza Daniela Valeria Basso, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Mar del Plata, dio traslado de la presentación a Supermercados Toledo y a la Sindicatura, que cuentan con cinco días para responder. Por el momento, el tribunal no suspendió las ventas de activos y deberá resolver el planteo una vez que reciba las respuestas correspondientes.
En paralelo, la Sindicatura solicitó que Toledo documente el destino del dinero obtenido por la venta de un inmueble ubicado en Estrada 5537. La operación había sido autorizada judicialmente con el objetivo de generar liquidez y atender necesidades urgentes de la empresa.
Ante ese pedido, la jueza ordenó a Toledo presentar en un plazo de tres días un informe detallado sobre el destino de los fondos. La resolución contempla la posibilidad de adoptar medidas adicionales si la empresa no cumple con el requerimiento, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras.
El destino del dinero cobrado por las operaciones inmobiliarias es uno de los puntos centrales de la disputa. FRIAR sostiene que fue informado de nuevas autorizaciones para vender propiedades y plantea que los fondos obtenidos no habrían sido destinados al pago de obligaciones corrientes o de acreedores posteriores a la apertura del concurso.
La Justicia ya había autorizado la venta del inmueble de Estrada 5537 por u$s1,5 millones y posteriormente aprobó la operación sobre una propiedad ubicada en Avenida Libertad 5750, por u$s3,85 millones. En este último caso, el acuerdo contempla un pago de u$s3 millones al momento de la escritura y un saldo de u$s850.000 a cancelar en 24 meses.
Toledo sostiene que ambas operaciones resultan necesarias para obtener liquidez, afrontar sus compromisos y mantener en funcionamiento la empresa. La situación laboral también refleja las dificultades financieras: en julio la compañía solo pudo abonar el 40% de los salarios, lo que derivó en medidas de fuerza y en la paralización de los supermercados durante cuatro días. A su vez, debe afrontar pagos semanales de cheques por aproximadamente $1.300 millones.
La empresa rechaza que la venta de los inmuebles implique un vaciamiento patrimonial y sostiene que, incluso después de concretar esas operaciones, conservaría una cantidad importante de propiedades de valor significativo. FRIAR, en cambio, considera que la continuidad de las ventas puede debilitar las garantías patrimoniales disponibles para los acreedores ante el deterioro de la situación financiera.
En paralelo con la disputa judicial, Toledo busca una alternativa que permita sostener la continuidad de su actividad. La compañía confirmó que mantiene negociaciones con dos grandes cadenas de supermercados para una posible venta total de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio. Los nombres de esas empresas no fueron informados, aunque La Anónima aparece señalada como una de las posibles interesadas en la operación.
Toledo permanece en concurso preventivo desde agosto de 2006 y actualmente cuenta con unos 1.500 trabajadores. La empresa fue fundada en Mar del Plata en 1966 como un autoservicio de 300 metros cuadrados y actualmente posee alrededor de 30 sucursales, con una superficie comercial total cercana a los 44.000 metros cuadrados y más de 300 cajas. También cuenta con producción propia de panificados y chacinados, además de una operación avícola.
El futuro de la cadena queda así condicionado por dos frentes simultáneos: por un lado, la resolución judicial sobre la disposición de sus activos y el destino de los fondos obtenidos por las ventas; por otro, las negociaciones para encontrar una alternativa que permita sostener la actividad dentro del proceso concursal.
