La medida se desarrolla después de 300 días sin que el Gobierno de Javier Milei aplique la normativa aprobada por el Congreso. La convocatoria alcanza a las universidades nacionales y tiene como uno de sus principales reclamos la implementación inmediata de la ley y la actualización de los salarios prevista en ella.
Las estimaciones sobre el atraso salarial se ubican entre el 28,5% y el 31,2%, sin contemplar el retroactivo que los trabajadores reclaman desde la entrada en vigencia de la norma.
En paralelo, distintos sectores universitarios analizan profundizar las medidas de fuerza. Una de las organizaciones docentes de la Universidad de Buenos Aires impulsa la posibilidad de mantener la huelga por tiempo indeterminado hasta que el Gobierno cumpla con la ley.
La protesta se suma a la huelga realizada la semana pasada, cuando comenzó el segundo cuatrimestre en la mayoría de las universidades. Además, una de las principales federaciones docentes ya convocó a un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
Durante esta semana también fueron anunciadas movilizaciones y actividades frente a la sede de la Secretaría de Educación y en distintos puntos del país, bajo el reclamo por el financiamiento de las universidades y el cumplimiento de la normativa vigente.
La Federación Universitaria Argentina convocó además a una reunión para este miércoles 19 de agosto a las 11, frente al Palacio Pizzurno, para continuar con el reclamo al Gobierno nacional.
Desde la representación estudiantil señalaron que ya transcurrieron 300 días desde la sanción de la ley y remarcaron que, a su criterio, no se trata de una diferencia presupuestaria sino del cumplimiento de una obligación establecida por el Congreso.
El conflicto también se encuentra atravesado por una disputa judicial. Las universidades cuentan con una medida cautelar favorable dictada en diciembre y ratificada por la Cámara de Apelaciones en marzo, que ordena la reparación salarial contemplada en la ley.
El último capítulo judicial se produjo el 25 de junio, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el Gobierno. A partir de esa decisión, la ejecución de la medida cautelar quedó nuevamente en manos del juez de primera instancia Martín Cormick, quien había dispuesto originalmente la medida.
El magistrado convocó para este viernes 21 de agosto a una audiencia en la que se esperan novedades sobre la ejecución de la cautelar y el cumplimiento de lo ordenado.
La demanda había sido promovida inicialmente por la Universidad de Buenos Aires, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional intervino para reclamar el cumplimiento de la ley. El organismo sostiene que la medida cautelar ya dictada debe aplicarse de manera inmediata y confirmó su participación en la audiencia convocada por el juzgado.
Dos semanas atrás, el Consejo Interuniversitario Nacional se presentó ante el juzgado para solicitar que el Gobierno sea intimado a cumplir con la resolución judicial. En ese planteo advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrían iniciarse acciones penales contra funcionarios por desobediencia y aplicarse multas al Estado nacional.
Con el paro de cinco días ya en marcha y nuevas medidas previstas para las próximas semanas, el conflicto por el financiamiento universitario suma así presión gremial, movilizaciones y una instancia judicial pendiente de resolución.
