La presentación fue realizada por Be Larch SA ante la Justicia. El pedido se produce luego de una fuerte reducción de la actividad de la compañía, que pasó de una estructura orientada a la expansión a una operación con menos locales y trabajadores.
Le Blé fue fundada en 2008 y desarrolló un concepto inspirado en las panaderías y cafeterías francesas. Su primer establecimiento abrió en el barrio porteño de Colegiales y, posteriormente, la marca creció mediante un esquema de franquicias.
En 2018 contaba con 22 sucursales y llegó a alcanzar 39 locales entre propios y franquiciados. Actualmente, la red se redujo a alrededor de 20 establecimientos, en su mayoría operados bajo franquicia.
La compañía mantiene actualmente una sola sucursal de operación directa, ubicada en Tres de Febrero 1059, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo lugar funcionan su sede social y administrativa.
Según la presentación judicial, el deterioro financiero se profundizó durante 2024 y 2025. Entre los factores señalados aparecen la caída del consumo en el sector gastronómico, la pérdida de unidades comerciales importantes, la salida de franquiciados de alto rendimiento, el incremento de los costos operativos y laborales y las dificultades para acceder a financiamiento.
La contracción del negocio también dejó sobredimensionada parte de la estructura que había sido desarrollada durante la etapa de expansión. Entre los indicadores de la crisis, la empresa registra 175 cheques rechazados por falta de fondos, por un monto acumulado de $204.957.453.
De acuerdo con lo informado en el expediente, la cesación de pagos comenzó el 10 de abril de 2026. Esa fecha coincide con las dificultades para afrontar obligaciones ante la cámara compensadora bancaria y con el inicio de los rechazos de cheques.
La situación financiera también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. La cantidad de trabajadores directos pasó de 49 en noviembre de 2025 a 15 en la actualidad.
El expediente judicial incluye además distintos reclamos laborales vinculados con despidos. Entre los créditos registrados figuran demandas por $112,5 millones, $76,1 millones, $66,6 millones y $57,9 millones, además de otros montos de menor cuantía.
El concurso preventivo busca ahora ordenar las obligaciones de la empresa y establecer un mecanismo para afrontar la deuda acumulada, en un contexto de fuerte reducción de su estructura comercial y laboral.
