Argentina todavía se encuentra en una etapa inicial en este tipo de proyectos y, a diferencia de otros mercados donde la instalación de grandes complejos de servidores ya generó fuertes cuestionamientos, en el país no se registraron hasta el momento niveles similares de oposición. Entre los argumentos a favor se encuentran el impulso que estas instalaciones pueden dar al desarrollo de la inteligencia artificial, la generación de ingresos para las economías locales y la posibilidad de utilizar fuentes de energía de menor impacto ambiental.
Uno de los proyectos que avanza en ese escenario se encuentra en Neuquén. Pampa Energía analiza la construcción de un centro de datos junto a su central térmica de Loma de la Lata, una ubicación que permitiría aprovechar la disponibilidad energética asociada a Vaca Muerta.
La instalación podría demandar hasta 500 megavatios de electricidad. El proyecto comenzó a tomar forma después de que la compañía recibiera consultas durante los primeros meses del año sobre la posibilidad de instalar centros de datos en la zona. A partir de esas conversaciones, la empresa detectó un interés más concreto en desarrollar este tipo de infraestructura.
La ubicación también presenta desafíos. El área rural donde se analiza el proyecto es habitada por familias de origen mapuche y existen antecedentes de conflictos entre comunidades y empresas vinculadas con la actividad energética.
El interés por la Patagonia se da en paralelo con una mayor búsqueda internacional de lugares que puedan ofrecer grandes volúmenes de energía para alimentar centros de procesamiento de datos. La Argentina aparece como una alternativa a partir de la disponibilidad energética y del potencial de Vaca Muerta.
En los últimos años, el Gobierno de Javier Milei también impulsó modificaciones destinadas a atraer grandes inversiones. Entre ellas se encuentra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios fiscales y condiciones regulatorias específicas para determinados proyectos.
En ese marco, el interés por desarrollar infraestructura para inteligencia artificial y servicios digitales comenzó a incorporar a la Argentina dentro del mapa regional de inversiones.
Uno de los anuncios de mayor magnitud fue realizado por OpenAI, que en octubre pasado comunicó una asociación con Sur Energy para desarrollar un centro de datos alimentado con energía limpia. El proyecto contempla una inversión que podría alcanzar los 25.000 millones de dólares y una capacidad de hasta 500 megavatios.
A la vez, en julio, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) propuso instalar una segunda estación de conexión para cables de fibra óptica en la Patagonia. La iniciativa apunta a complementar la infraestructura existente en Las Toninas y mejorar las condiciones de conectividad necesarias para este tipo de instalaciones.
La infraestructura argentina de centros de datos continúa siendo reducida y está concentrada principalmente en Buenos Aires. Esa situación representa una desventaja frente a otros países de la región que ya avanzan con proyectos de mayor escala.
En Chile, Amazon desarrolla un megacentro de datos, mientras que Alphabet lleva adelante una instalación de similares características en Uruguay. Paraguay, por su parte, anunció planes para construir un centro de datos con inversión procedente de Taiwán.
La disponibilidad de energía se convirtió así en uno de los principales factores de competencia entre los países que buscan atraer estas inversiones. En ese escenario, la capacidad energética argentina y el desarrollo de Vaca Muerta aparecen como elementos que podrían favorecer nuevos proyectos en la Patagonia.
Sin embargo, algunos inversores mantienen una postura expectante frente al escenario político argentino. Las elecciones presidenciales de 2027 y los cambios legislativos que impulsa el Gobierno forman parte de las variables que podrían determinar el ritmo de llegada de nuevos capitales.
Entre los aspectos que se siguen con atención se encuentra la posibilidad de ampliar los beneficios fiscales y consolidar un marco de reglas que permita reducir la incertidumbre para proyectos de gran escala. Para los desarrolladores, la definición de esas condiciones será determinante a la hora de evaluar nuevas inversiones en el país.
