Antes de la crisis, la planta generaba más de 1.000 puestos de trabajo directos. Los despidos se produjeron después de un período en el que la empresa ya acumulaba deudas equivalentes a dos meses y medio de salarios, además de aguinaldos y vacaciones.
El impacto se extiende más allá de quienes perdieron su empleo. Familias que dependen de esos ingresos enfrentan dificultades para afrontar alquileres, servicios y gastos cotidianos, mientras trabajadores que habían llegado desde otras localidades para incorporarse a la planta evalúan regresar a sus lugares de origen.
La situación comenzó a agravarse a fines de agosto, cuando se comunicó que las tareas operativas quedarían suspendidas desde el 1° de septiembre debido a problemas vinculados con el suministro eléctrico y otras dificultades operativas y productivas. Al personal se le indicó que no debía concurrir a sus puestos, salvo que recibiera una convocatoria específica.
Durante los días siguientes comenzaron a llegar los telegramas de despido. La medida alcanzó a trabajadores de Capitán Sarmiento y de localidades cercanas, algunos de ellos con más de dos décadas de antigüedad. Además de la pérdida del empleo, existe incertidumbre respecto del pago de las indemnizaciones y de la continuidad de la cobertura de salud.
Unos 300 trabajadores que no fueron desvinculados continúan concurriendo a la planta, aunque sin certezas sobre la continuidad de sus puestos. En paralelo, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria por 15 días, que, según los trabajadores, no fue acatada por la empresa.
La producción se reanudó parcialmente, aunque limitada a algunos subproductos y mediante el uso de un generador eléctrico. La deuda de la compañía supera los $2.000 millones y el suministro de energía continúa siendo uno de los principales problemas para sostener las operaciones.
La incertidumbre también está vinculada con el futuro financiero de la empresa. Entre las alternativas que circulan se encuentra la posibilidad de que solicite un concurso de acreedores para reorganizar sus obligaciones, reducir la estructura de la planta y eventualmente recuperar la producción. También surgieron versiones sobre una posible venta del establecimiento.
El conflicto modificó rápidamente la vida cotidiana de Capitán Sarmiento. Ante la falta de ingresos de cientos de familias, vecinos y organizaciones comenzaron a organizar colectas de alimentos, pañales y productos de higiene, además de distintas iniciativas destinadas a garantizar comidas.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires ya había comenzado a entregar mercadería a empleados afectados por los atrasos salariales. Durante esta semana sumó ollas populares en su sede, mientras otras organizaciones y espacios comunitarios impulsaron acciones similares.
También se multiplicaron las campañas en clubes, gimnasios y otros establecimientos de la ciudad. Un evento deportivo reunió a instituciones locales con el objetivo de recolectar alimentos destinados a las familias afectadas. En otros puntos se instalaron cajas para recibir donaciones y se comenzaron a distribuir bolsones de comida entre los trabajadores despedidos, con la intención de sostener esa asistencia cada dos semanas.
La ayuda alcanzó también a las familias con niños. Durante la semana se realizó una chocolatada en un centro educativo que brinda apoyo escolar y contención social, con el objetivo de ofrecerles un espacio de acompañamiento frente al contexto que atraviesan sus hogares.
Desde el Municipio de Capitán Sarmiento también se reforzó la asistencia. La intendenta Fernanda Astorino señaló que el gobierno local viene acompañando desde hace meses a personas afectadas por los atrasos salariales y que, ante el agravamiento del conflicto, se ampliaron las medidas.
Además de la entrega de alimentos, el municipio gestiona alternativas para evitar cortes de servicios esenciales, como electricidad y agua, y realiza gestiones relacionadas con la continuidad de las obras sociales de los trabajadores.
La dimensión del impacto se explica también por el peso que tenían los salarios de la planta en la economía local. Los trabajadores percibían en promedio unos $3 millones mensuales, un ingreso elevado para una ciudad de estas características que se volcaba en buena medida al comercio y los servicios.
Por eso, el conflicto no solo afecta a quienes fueron despedidos. Comerciantes y prestadores de servicios también observan con preocupación la pérdida de poder adquisitivo de cientos de familias y el efecto que puede tener sobre el movimiento económico de la localidad.
Capitán Sarmiento llega así a una nueva etapa marcada por la incertidumbre. A la crisis de la planta se suma un contexto general de menor actividad y el cierre de comercios registrado durante los últimos meses, mientras la comunidad intenta sostener a las familias afectadas y espera definiciones sobre el futuro de la principal fuente de empleo de la ciudad.
