Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia vienen desarrollando reuniones con especialistas, organizaciones de deudores y representantes del sector comercial. El cronograma contempla la posibilidad de emitir un dictamen el 29 de septiembre y, tras el encuentro realizado ayer, se acordó una nueva reunión para mañana con el objetivo de terminar de definir el texto.
Los bloques opositores se encuentran cerca de consensuar una iniciativa común. La propuesta que reúne a distintos sectores contempla declarar una emergencia por 180 días, con posibilidad de extenderla por otro período igual. Entre las principales medidas figuran un límite para las tasas nominales aplicadas por tarjetas y billeteras virtuales, restricciones sobre gastos y comisiones y mecanismos de refinanciación de hasta 36 meses, determinados de acuerdo con el monto adeudado.
El proyecto también plantea eliminar los intereses punitorios y mantener únicamente el capital y los intereses compensatorios que ya se hayan generado. Además, propone otorgar a Defensa del Consumidor facultades para requerir información sobre los algoritmos utilizados por las billeteras virtuales para establecer tasas diferentes según el perfil de cada cliente.
La elaboración de una propuesta unificada demandó varias negociaciones. Uno de los principales bloques opositores debió compatibilizar más de 15 proyectos internos antes de llevar una posición común al resto de los espacios.
Todavía resta definir uno de los puntos centrales: cuál será la tasa de referencia utilizada para establecer los límites. El esquema está vinculado con la TAMAR, la tasa mayorista publicada por el Banco Central. Entre las alternativas discutidas apareció un margen adicional de 25 puntos, aunque esa posibilidad generó cuestionamientos de bancos, fintech y redes comerciales de tarjetas, que sostienen que ese diferencial permite cubrir los costos de fondeo.
El debate se da en un contexto de fuerte crecimiento de la morosidad. Entre febrero de 2024 y julio de 2026, el volumen de créditos otorgados aumentó 8%, mientras que la cantidad de personas con deudas en mora pasó de 3,3 millones a seis millones.
Actualmente, el 12,8% de los créditos bancarios y el 25% de los préstamos otorgados por billeteras y fintech se encuentran en situación de mora.
Durante las reuniones de las comisiones, representantes de organizaciones de personas endeudadas señalaron que una parte de los préstamos se destina a cubrir necesidades básicas, como alquiler, alimentos y medicamentos. En ese sentido, reclamaron mecanismos de pago que tengan en cuenta los ingresos reales de los deudores, más allá de eventuales quitas o condonaciones.
Otro punto que todavía no está resuelto es quién tendría a su cargo la aplicación de una eventual ley. Los proyectos que cuentan con mayor nivel de consenso no establecen de manera precisa cuál sería la autoridad responsable. La posibilidad de derivar los casos a la Justicia ordinaria aparece como una alternativa difícil de implementar debido a la cantidad de personas involucradas, por lo que también se analiza la participación de organismos vinculados con la defensa de la competencia u otras áreas.
También permanece abierto el debate sobre un esquema en el que las obligaciones sean exigibles para las entidades prestamistas, pero cuya adhesión resulte optativa para los deudores en mora.
El oficialismo todavía no presentó una iniciativa propia y mantiene conversaciones con otros bloques para intentar incorporarse a un proyecto común. Por el momento, no definió una posición definitiva. Entre los puntos de coincidencia aparece la intención de que las medidas no representen un costo fiscal para el Estado, una condición vinculada con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo rechace una eventual ley.
El tratamiento del sobreendeudamiento se desarrolla en paralelo con el debate por la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, que también busca avanzar esta semana en las comisiones. En ese caso, el oficialismo incorporó parte de los reclamos de sus aliados para reunir las mayorías necesarias en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda.
Dentro de la Cámara, algunos diputados consideran que este último debate presenta mayores dificultades que el vinculado con la morosidad, donde los sectores opositores tienen más avanzado el acuerdo mientras el oficialismo aún debe definir su postura.
