El magistrado advirtió que, ante el incumplimiento total de la medida cautelar, el Estado Nacional, a través del Poder Ejecutivo, deberá acatar lo dispuesto dentro del plazo establecido. En caso contrario, quedó bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora.
La resolución se conoció este martes por la tarde, luego de varias semanas de espera por parte de las universidades nacionales. Los sindicatos del sector también habían reclamado previamente que se avanzara con una intimación judicial para garantizar el cumplimiento de la medida.
De acuerdo con las estimaciones de las universidades nacionales y de los gremios, la recomposición salarial pendiente para el sector alcanza el 31,2%. En la última negociación paritaria, el Gobierno había propuesto un incremento del 3%.
La diferencia entre ambas posiciones se convirtió en uno de los ejes del conflicto universitario y derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. Además, los sindicatos anunciaron medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley.
El fallo de Cormick se suma a un proceso judicial que comenzó con una medida cautelar dictada por el mismo magistrado en diciembre del año pasado. Esa resolución fue respaldada posteriormente por la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
Con la nueva intimación, el Poder Ejecutivo cuenta ahora con cinco días para acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar que permanece firme.
