El proyecto impulsado por el Gobierno propone recuperar el criterio climático establecido originalmente en 2002. De aprobarse, el subsidio general quedaría limitado a los usuarios de la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. En la provincia de Buenos Aires, Patagones sería el único municipio que conservaría el beneficio por formar parte formalmente de la región patagónica.
Los restantes 94 municipios bonaerenses dejarían de estar incluidos en el régimen general. A nivel nacional, el cambio alcanzaría a unos 3,35 millones de usuarios, mientras que en territorio bonaerense afectaría a aproximadamente 1,24 millones de hogares.
La modificación implica revertir la ampliación aprobada en 2021, que había extendido el régimen a distintas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias. Con aquella incorporación, la cantidad de hogares beneficiados había pasado de unos 950.000 a alrededor de 4 millones. El Gobierno considera que ese esquema tiene un costo fiscal que no puede sostenerse.
Además de reducir el alcance territorial, la iniciativa modifica la manera en que se calcula la bonificación. Actualmente, el descuento, que oscila entre el 30% y el 50% según la región, se aplica sobre el total de la factura. El nuevo sistema tomaría como base únicamente el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes de la boleta residencial.
Quedarían fuera de ese cálculo el Valor Agregado de Distribución (VAD), el costo del transporte troncal y los impuestos. Por este motivo, incluso los hogares que continúen dentro de la Zona Fría podrían recibir un beneficio menor al actual. En la Patagonia, donde se mantendría el régimen histórico, se proyecta un incremento cercano al 25% en las facturas.
Los usuarios que pierdan el descuento por la eliminación de la Zona Fría no quedarían automáticamente sin asistencia. Podrían acceder al Subsidio Energético Focalizado (SEF), aunque para eso deberán acreditar determinadas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
El proyecto establece como límite de ingresos el equivalente a tres Canastas Básicas Totales del INDEC, que actualmente representan aproximadamente $4,4 millones mensuales para una familia tipo. También contempla el acceso directo para hogares que tengan Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la situación deberá ser evaluada por la Secretaría de Energía.
El impacto será diferente según cada hogar y su eventual acceso al nuevo esquema de asistencia. Una estimación de IERAL Fundación Mediterránea calcula que una familia de Bahía Blanca con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales podría pasar de pagar $19.945 a $39.890 si no reúne las condiciones para recibir el subsidio focalizado. En ese escenario, el incremento sería del 100%.
Para los hogares que sí sean incorporados al SEF, la misma estimación ubica el aumento en torno al 22%. Por su parte, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, señaló que los usuarios de las zonas templadas que pierdan el beneficio afrontarían incrementos de aproximadamente $15.000 mensuales.
El debate en el Senado también está vinculado con un acuerdo alcanzado por el Gobierno con gobernadores del norte del país. El entendimiento contempla ampliar los subsidios eléctricos destinados a las regiones con temperaturas cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor demanda.
Según lo acordado, entre noviembre y abril el bloque adicional de subsidio para la denominada Zona Muy Cálida pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que para la Zona Cálida aumentaría de 150 a 300 kWh.
Ese compromiso no forma parte del texto que obtuvo media sanción en Diputados. El Gobierno acordó instrumentarlo mediante una resolución que sería publicada en el Boletín Oficial una vez que la reforma de la Zona Fría sea aprobada por el Senado.
El objetivo fiscal de la modificación es generar un ahorro de $272.099 millones si la iniciativa se convierte en ley. El esquema vigente genera un déficit estimado en $485.000 millones y cuenta, entre otras fuentes, con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas, que no alcanza para cubrir el costo del régimen desde su ampliación en 2021.
Sin embargo, el acuerdo con las provincias del norte también implica un incremento del gasto en subsidios eléctricos estimado entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales. Al tipo de cambio mayorista mencionado, ese costo equivale a unos $134.000 millones y reduce aproximadamente a la mitad el ahorro fiscal previsto inicialmente.
Además, debido a que el período de mayor consumo de gas durante el invierno ya terminó, el impacto efectivo del ahorro derivado de la reforma comenzaría a observarse recién durante 2027.
