El cálculo surge de un análisis elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, a partir de las proyecciones oficiales para 2027. De acuerdo con esas estimaciones, los subsidios destinados a energía y transporte pasarían de representar el 0,64% del PBI en 2026 al 0,53% en 2027.
En términos nominales, el gasto previsto para ambos sectores descendería de unos US$5200 millones a US$4400 millones. De concretarse, se trataría del sexto año consecutivo en el que los subsidios perderían participación en relación con el producto.
La reducción se produciría en un contexto particular, dado que 2027 estará atravesado por un proceso electoral. Frente a ese escenario, durante este año comenzó a contemplarse un margen para moderar el impacto de las actualizaciones tarifarias sobre los usuarios y, al mismo tiempo, contribuir al proceso de reducción de la inflación.
Uno de los objetivos centrales del esquema es continuar acortando la diferencia entre lo que pagan los usuarios por la energía y el costo efectivo de producirla. Para avanzar en esa dirección, la asistencia estatal se concentraría en los hogares considerados como destinatarios de los subsidios.
Las proyecciones oficiales contemplan que los usuarios residenciales que no reciban subsidios afrontarán durante 2027 el 94,62% del costo de generación eléctrica. El porcentaje restante será cubierto mediante subsidios del Tesoro. Para los hogares incluidos en el régimen focalizado, estimados en unos 8,8 millones en todo el país, la cobertura alcanzaría el 64,27% del costo del servicio.
El sector eléctrico concentraría la mayor parte del gasto en subsidios. Para 2027 se proyectan erogaciones de alrededor de $3,1 billones, con un ajuste superior al 35% interanual en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación.
Dentro de ese esquema también se prevé una menor participación de las transferencias corrientes destinadas a Cammesa en relación con el PBI. El peso de esas partidas pasaría del 0,34% al 0,22%. Considerando al sector energético en su conjunto, el gasto descendería del 0,44% al 0,37% del producto.
En transporte, el gasto proyectado también se reduciría: pasaría del 0,19% del PBI al 0,16% durante 2027. El ajuste previsto contempla una baja del 9% en el gasto relacionado con los trenes, en un sector que continúa bajo el régimen de emergencia ferroviaria, y una disminución del 26,4% en el servicio de colectivos.
La evolución de esas partidas podría estar vinculada con nuevos incrementos en las tarifas o con modificaciones en las prestaciones del transporte público. De esta manera, el esquema proyectado para 2027 combina la reducción del gasto destinado a subsidios con la continuidad de una política de actualización de tarifas, en un año en el que las decisiones sobre servicios esenciales tendrán además un componente electoral.
