Hernán, quien sufrió el episodio, expresó su desacuerdo con la resolución y cuestionó que el adolescente vuelva a quedar en libertad. Según relató, el hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre, cerca de las 5.45, en la esquina de Godoy Cruz y Charcas.
El hombre contó que caminaba por la zona cuando observó a dos jóvenes que se encontraban en una esquina y luego se sumaron a otras tres personas. Al advertir el movimiento, comenzó a correr. Durante la persecución, escuchó que los jóvenes gritaban “dame todo” y “agárralo”.
La situación terminó cuando Hernán se cruzó con dos policías motorizados que recorrían el área. Uno de los agentes logró detener a dos de los jóvenes que estaban más cerca, mientras que el otro policía atrapó a otros dos. Una quinta persona logró escapar.
De acuerdo con lo que pudo conocer posteriormente la víctima, los detenidos tenían 16 años y al menos uno contaba con antecedentes. Hernán señaló además que algunos de ellos serían oriundos de la zona oeste del conurbano bonaerense.
El caso quedó atravesado por la resolución de Laura Beatriz De Marinis, jueza del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada declaró que la reducción de la edad de punibilidad prevista en la nueva normativa constituye una medida regresiva y que vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional.
A partir de ese criterio, De Marinis dispuso el sobreseimiento del adolescente identificado con las iniciales M.I.A., quien estaba acusado de tentativa de robo.
La jueza sostuvo que aplicar una respuesta penal a un adolescente en esas condiciones resulta regresivo y estigmatizante. En su argumentación señaló que se trataba de un menor que no había tenido contacto previo con el Estado, que se encontraba sin educación y con dificultades para acceder a la alimentación, y cuestionó que su primer vínculo con las instituciones estatales se produjera a través del sistema penal.
La resolución no implica la suspensión general de la nueva Ley Penal Juvenil. En ese aspecto, el criterio adoptado en la Ciudad se diferencia de una medida cautelar dictada anteriormente en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza de Lomas de Zamora había adoptado otra decisión respecto de la aplicación de la normativa.
Hernán cuestionó que el adolescente pueda regresar al mismo entorno sin una intervención estatal destinada a garantizar alimentación, educación y contención. Aclaró que no guarda rencor contra la jueza ni contra los jóvenes involucrados, pero planteó reparos respecto de la decisión de dejar en libertad al menor.
El fallo también generó cuestionamientos políticos. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, criticó la resolución y anunció que solicitará el juicio político de la magistrada. Patricia Bullrich, senadora y exministra de Seguridad, también cuestionó el criterio adoptado y sostuvo que las decisiones judiciales deben contemplar la situación de las víctimas.
En el ámbito judicial porteño, el fallo es objeto de una apelación. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad presentó un recurso para que la Cámara revise la resolución y solicitó que el tratamiento se realice con rapidez.
Además, el fiscal coordinador de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil pidió el apartamiento de De Marinis de la causa.
La resolución quedó así a consideración de la instancia superior, que deberá analizar los argumentos planteados en la apelación y definir si mantiene o modifica la decisión adoptada respecto del adolescente de 14 años.
