Política

El Tribunal Oral Federal N°4 ordenó el decomiso de más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez tenía en una cuenta en Bahamas, además de un millón de dólares depositados en un banco de Suiza. La medida incluye también el remate de 56 propiedades pertenecientes a Báez y a su hijo Martín, ambos condenados en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

Entre los bienes a rematar figuran departamentos, lotes, casas, cocheras y quintas distribuidas en Argentina y en el exterior. Esta disposición se suma al embargo de 320 millones de pesos ya dictado por el tribunal, monto que, según la sentencia, representa seis veces el dinero obtenido a través de maniobras de lavado.

El juez Néstor Guillermo Costabel dispuso la repatriación de 2.981.646 dólares del Banco CBH de Bahamas, a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, y de 1.009.391 dólares en otra cuenta del mismo banco. También ordenó la transferencia inmediata de 907.202 dólares —más intereses— de la sociedad Tyndall Inc. Limitada, con fondos en el Banco Lombard Odier de Suiza.

Bienes, remates y disputa judicial
La resolución judicial instruye inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia las 56 propiedades, adjudicar $2.570.077 obtenidos de la subasta del avión Rockwell Commander y $1.757.906 por la venta de un Learjet matrícula LV-BPL.

No obstante, la defensa de Báez presentó un escrito en el que denuncia “serios errores” en la resolución. Sostienen que el tribunal confundió “multa con decomiso” y que incluyó bienes que no están a nombre del empresario. También señalaron un error en la fecha del fallo y pidieron suspender los efectos de la medida hasta que se resuelva la apelación.

En el documento, remarcan que solo se pueden decomisar bienes que formaran parte del patrimonio del condenado antes o durante el delito, o que sean producto directo de las ganancias ilícitas. Consideran que la orden de transmitir inmuebles a favor de la Corte Suprema “resulta ilegítima” y podría generar “graves consecuencias patrimoniales”.

Un caso que lleva más de una década
La causa comenzó en 2013 tras un informe del programa Periodismo para Todos que acusaba a Báez, amigo de Néstor Kirchner, de transferir al exterior 55 millones de dólares. La investigación se reactivó en 2016 con la difusión de un video grabado en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, en el que se veía a Martín Báez contando fajos de dinero.

La instrucción judicial determinó que entre 2010 y 2013 se montó una estructura para lavar dinero mediante Austral Construcciones y otras firmas. El dinero era enviado a cuentas en el exterior, convertido en bonos y luego regresaba al país simulando inversiones legales.

El expediente incluyó otros episodios, como la compra de un campo en Mendoza, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y bienes de lujo adquiridos por Leonardo Fariña, entre ellos autos deportivos y el pago de su casamiento con la modelo Karina Jelinek.

En mayo de este año, la Corte Suprema confirmó la condena contra Báez y avaló el decomiso de los bienes, cerrando uno de los capítulos más emblemáticos de la llamada “ruta del dinero K”.