La normativa europea establece que los productos no deben provenir de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, desde la entidad rural plantearon objeciones sobre las condiciones que se están utilizando para demostrar el cumplimiento de esos requisitos.
En particular, CRA señaló que la regulación no establece la obligatoriedad de recurrir a una única empresa certificadora para validar el origen de la producción. Pese a ello, advirtió que esa exigencia estaría siendo utilizada en las operaciones comerciales para justificar reducciones de hasta un 10% en los precios que reciben los productores argentinos.
Desde la organización cuestionaron que una condición presentada inicialmente como una oportunidad para diferenciar la producción nacional en los mercados internacionales termine generando un costo adicional para quienes deben cumplirla. En ese sentido, sostuvieron que reconocer las prácticas sostenibles debería traducirse en un valor superior al precio de mercado y no en descuentos sobre el producto.
Frente a esta situación, CRA consideró necesario que el Gobierno nacional y las administraciones provinciales adecuen sus normativas para facilitar el cumplimiento de las exigencias internacionales. El objetivo es que la Argentina pueda mantener sus exportaciones sin que los procedimientos de certificación representen nuevas cargas económicas para los establecimientos agropecuarios.
En ese esquema, la entidad destacó el papel del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), al considerar que el organismo cuenta con información y herramientas para responder a las demandas de trazabilidad y certificación de los mercados europeos.
La propuesta apunta a desarrollar mecanismos nacionales que permitan acreditar el origen de los productos y garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales, evitando que los compradores impongan requisitos adicionales o utilicen esos procedimientos para reducir los valores pagados a los productores.
Como referencia, CRA mencionó los avances de Uruguay y Paraguay en esta materia y sostuvo que la Argentina también dispone de capacidades para implementar un sistema propio de certificación y control.
La agenda de la organización durante la exposición chaqueña incluyó otros temas vinculados con la actividad rural. Uno de ellos fue un proyecto de ley sobre vandalismo rural, impulsado para fortalecer las herramientas legales frente a los delitos que afectan a los establecimientos agropecuarios.
La iniciativa contempla situaciones como daños en cultivos, silobolsas, granos, hacienda y otros bienes relacionados con la producción. Desde la entidad plantearon la necesidad de contar con instrumentos jurídicos que permitan proteger el patrimonio de los productores y responder ante este tipo de hechos.
Otro de los ejes abordados fue el desarrollo del mercado de carbono, al que CRA considera estratégico para el futuro del sector agropecuario. En este sentido, reclamó que los productores sean reconocidos como actores centrales de las prácticas sostenibles y puedan participar de los beneficios económicos derivados de la captura de carbono y la reducción de emisiones.
La organización también remarcó la importancia de establecer reglas claras y garantías jurídicas para quienes incorporan medidas de cuidado ambiental, además de reconocer sus derechos sobre los beneficios que puedan generar esas actividades.
La participación de CRA en la Exposición Rural de El Zapallar contó con representantes de distintas entidades del sector y autoridades provinciales. Entre los presentes estuvieron el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de las Provincias del Chaco y Formosa (Chafor), Daniel Fontana, y el gobernador chaqueño, Leandro Zdero.
