El dictamen reunió 44 firmas de los 69 legisladores presentes en la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto, presididas por los diputados libertarios Santiago Pauli y Bertie Benegas Lynch. El peronismo no acompañó el despacho, aunque manifestó su acuerdo con los cambios incorporados por el Senado.
La Libertad Avanza busca convertir la iniciativa en ley durante la sesión prevista para el 12 de noviembre, en la que uno de los principales temas será el proyecto de Ley de Soberanía de Defensa Nacional. El oficialismo aceptó las modificaciones de la Cámara alta porque no contaba con los dos tercios necesarios para insistir con la versión que había aprobado originalmente Diputados.
La diferencia entre ambos textos estaba centrada en el mecanismo para designar y remover a las autoridades del Banco Central. La propuesta inicial de la Cámara baja establecía que los nombramientos requerían el aval de ambas cámaras por mayoría simple, mientras que para remover a un funcionario se necesitaban dos tercios de los votos.
El Senado modificó ese esquema y dispuso que Diputados no intervenga en ninguna de las dos decisiones. De esta manera, el Gobierno propondrá a los directores y la Cámara alta tendrá la facultad exclusiva de aprobar sus designaciones y eventuales remociones, en ambos casos con el respaldo de la mayoría absoluta de sus integrantes.
Al comienzo del plenario, la diputada Silvana Giudici adelantó que el oficialismo aceptaría la corrección de la Cámara revisora para avanzar hacia la sanción definitiva. La legisladora sostuvo que la reforma tiene como objetivo primario preservar el valor de la moneda.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva cuestionó que no se hubiera considerado en el recinto la propuesta de su bloque sobre el mecanismo de designación de las autoridades de la entidad.
El proyecto establece que los directores del Banco Central tendrán mandatos de seis años, con posibilidad de una reelección. Su remoción podrá ser solicitada por el Gobierno por determinadas causales, pero deberá contar con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.
La reforma también redefine las funciones de la autoridad monetaria. El Banco Central tendrá como objetivo central preservar el valor de la moneda y quedará separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Además, se propone eliminar atribuciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y la aplicación de políticas crediticias diferenciadas.
Otro de los cambios habilita a la entidad a utilizar sus activos y reservas como garantías colaterales en operaciones propias. Entre los recursos contemplados se encuentran el oro, el dinero líquido y los títulos, que podrían respaldar operaciones de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.
