La protesta comenzó a las 11, en coincidencia con la sesión de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró avanzar con el tratamiento de la iniciativa. En una de las primeras votaciones, 249 diputados apoyaron acelerar el debate, incluidos legisladores del oficialismo y sus aliados. Como resultado, se habilitó la conformación de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para analizar el proyecto.
El cronograma previsto establece una reunión informativa para el miércoles 16 de septiembre a las 12 y una nueva convocatoria para el miércoles 23, también al mediodía, con el objetivo de avanzar en la emisión de un dictamen.
La Ley 27.793, publicada en el Boletín Oficial el 4 de septiembre de 2025, establece la vigencia de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Por ese motivo, uno de los principales reclamos de las familias y organizaciones es que el plazo sea extendido hasta diciembre de 2027.
El pedido se da en un contexto de dificultades crecientes dentro del sistema de atención. Entre los problemas señalados aparecen los aranceles insuficientes, la falta del estudio de costos establecido por la ley, las pensiones por discapacidad pendientes y el incumplimiento de los pagos correspondientes a las compensaciones de emergencia.
La situación también afecta a profesionales y prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad. La demora en los pagos genera preocupación entre las familias por la continuidad de las prestaciones, mientras que distintas instituciones enfrentan dificultades para sostener sus actividades.
Otro de los reclamos está relacionado con la aplicación parcial de la normativa. Desde el sector se cuestiona la falta de actualización de las prestaciones y las dificultades en los servicios de transporte, situaciones que impactan sobre la atención de las personas con discapacidad y su acceso a la salud, la educación y la integración.
El conflicto también tiene como antecedente las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en febrero de este año, luego del vencimiento del plazo judicial. En ese momento se promulgó un decreto que reglamentó la normativa, estableció criterios para el régimen de pensiones y determinó que la política de discapacidad quedara bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud.
Sin embargo, desde el sector se sostiene que la ley todavía no fue reglamentada de manera completa y que continúa pendiente la definición del financiamiento de las prestaciones. Estos puntos, junto con los problemas vinculados con los aranceles, los pagos y el funcionamiento de las instituciones, forman parte de los principales reclamos planteados durante la movilización.
La protesta no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. También hubo convocatorias en otras provincias, entre ellas Córdoba, donde se organizó una manifestación para este miércoles a las 12 en la Plaza San Martín.
Con el avance conseguido en Diputados, el proyecto continuará ahora su recorrido en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. La próxima instancia será la reunión informativa del 16 de septiembre y, una semana después, ambas comisiones volverán a reunirse con la intención de emitir dictamen.
