La decisión judicial generó un fuerte conflicto político y fue cuestionada por dirigentes oficialistas, que consideran que la medida obstaculiza la aplicación de una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Para formalizar el pedido de jury, el espacio deberá presentar la denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento, organismo encargado de recibir acusaciones contra magistrados y funcionarios del Ministerio Público.
Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y diputado nacional, sostuvo que la resolución constituye un impedimento para poner en vigencia una norma que ya atravesó el proceso legislativo. También cuestionó duramente el criterio adoptado por la magistrada.
En la Legislatura bonaerense, el titular del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, afirmó que la cautelar impide aplicar el nuevo régimen y cuestionó el funcionamiento de la Justicia provincial. En Diputados, el presidente del bloque libertario, Juan Osaba, también calificó la resolución como una decisión de carácter político y sostuvo que no contempla las necesidades de las víctimas de delitos cometidos por menores.
La medida fue dictada por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado en favor de adolescentes detenidos.
La magistrada no declaró inconstitucional la Ley N° 27.801, que establece la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Su resolución se fundamentó en la falta de recursos, infraestructura y personal especializado para incorporar a los adolescentes alcanzados por la nueva normativa al sistema penal.
El planteo también provocó cuestionamientos dentro del Gobierno nacional. La senadora Patricia Bullrich, una de las impulsoras de la reforma, atribuyó la suspensión a una posición de la Justicia provincial. El diputado nacional Diego Santilli cuestionó al gobernador Axel Kicillof, mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que una modificación de esta magnitud requiere recursos judiciales y financieros suficientes para poder aplicarse.
La resolución, además, generó diferencias dentro del propio Poder Judicial bonaerense. El fiscal especializado en el fuero penal juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, sostuvo que la decisión no tiene alcance sobre toda la provincia y afirmó que continuará aplicando la legislación vigente en su jurisdicción.
Según explicó el fiscal, un juez penal puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, pero no dejarla sin efecto para el conjunto del territorio bonaerense. También sostuvo que la nueva legislación ya tiene consecuencias sobre expedientes judiciales en trámite.
La Ley N° 27.801 establece un régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años y contempla, en su artículo 49, la adecuación de los procedimientos provinciales. La norma propone que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adapten sus legislaciones procesales y administrativas a los principios y derechos establecidos por el nuevo régimen.
Pascual cuenta con más de 35 años de trayectoria vinculada con cuestiones de niñez y adolescencia. Antes de incorporarse al Poder Judicial bonaerense ocupó distintos cargos en organismos provinciales y fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia.
La magistrada también se desempeñó como consultora de UNICEF y dirige una especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En relación con la reforma penal juvenil, sostuvo que no se opone a reducir la edad de imputabilidad, aunque planteó que para hacerlo efectivo el Estado debe contar con los recursos necesarios.
La discusión también llegó a la Legislatura bonaerense desde otros sectores políticos. El senador provincial Guillermo Montenegro, del PRO, había presentado un proyecto para reclamar al gobierno de Kicillof la adecuación de la normativa provincial al nuevo régimen aprobado por el Congreso.
Mientras avanza la controversia institucional, La Libertad Avanza prepara la presentación formal del pedido de jury contra Pascual, mientras distintos actores del Poder Judicial mantienen posiciones enfrentadas sobre el alcance que debe tener la suspensión y sobre la aplicación de la nueva normativa en la provincia.
