El fallo también favoreció a otros 26 funcionarios de la SIDE de Macri que habían sido procesados por el juez Alejo Ramos Padilla en un expediente separado del caso del falso abogado Marcelo D’Alessio, que había contado con el respaldo del kirchnerismo en su momento.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Leopoldo Moreau, había promovido la causa de Ramos Padilla que apuntaba a incriminar a Arribas y Majdalani. De este modo, los ex funcionarios solo enfrentan actualmente la causa relacionada con el supuesto espionaje a Cristina Kirchner en el Instituto Patria, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi.
A pesar de que no pertenecía a la jurisdicción de Dolores, Ramos Padilla llevó a cabo la investigación sobre las bases de la SIDE en el AMBA, acusando de forma pomposa a estas entidades de realizar operaciones de inteligencia sin la debida autorización y enfocándose en políticos, periodistas, jueces, fiscales, sindicalistas y organizaciones sociales.
En 2019, durante una comparecencia ante el Congreso, Ramos Padilla aseguró haber descubierto una red internacional de espionaje vinculada a D’Alessio que traería complicaciones diplomáticas con Irán, Venezuela y Uruguay, un planteamiento que carecía de sustento más allá de las exageraciones del propio D’Alessio.
El juez Ercolini sustentó su decisión en un dictamen emitido por la fiscal Alejandra Mángano. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en el caso de supuesto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Macri había sido procesado anteriormente por el juez federal de Dolores Martín Bava, quien luego de meses vería su decisión revocada por la Cámara Federal, lo que llevó el asunto a la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras tanto, la Corte desestimó un recurso de reposición presentado por la abogada Valeria Carreras, quien representaba a una de las partes querellantes. En un extenso fallo, el juez Ercolini expuso que la fiscal había propuesto el archivo de la causa “Bases AMBA” por inexistencia de delito. Afirmó que el en ese momento magistrado federal de Dolores había indicado que el “PROYECTO AMBA” de la Agencia Federal de Inteligencia tenía como objetivo la creación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, enfocadas en delitos federales complejos como el narcotráfico y la trata de personas. No obstante, Ramos Padilla había desviado el objetivo hacia el espionaje político de agrupaciones adversas al gobierno de turno.
El juez Ercolini también destacó que se cuestionó la trazabilidad de las pruebas que fundamentaron la causa de Ramos Padilla.
Sin embargo, la fiscal justificó su solicitud de archivo en base a argumentos legales sobre la irrelevancia penal de las conductas investigadas. En su análisis, mencionó que los hechos imputados habían sido descritos de manera abstracta, utilizando vocabulario genérico como “ordenar”, “permitir”, “planificar”, “dirigir”, “supervisar”, “realizar” o “reportar”.
Alternativamente, se sugirió que podrían ser reportes de prensa o alertas de conflicto social que no fueron debidamente sustentados. Por último, se concluyó que la ambigüedad de los hechos denunciados también indicaba una falta de pruebas en relación a uno de los elementos centrales necesarios para sustentar la teoría jurídica en cuestión, es decir, la supuesta intención de influir en la situación política, social o económica del país o la provincia de Buenos Aires. Se subrayó que la Cámara Federal de Casación Penal había reafirmado esta evaluación jurídica al validar el sobreseimiento en la causa FMP 8559/2020.
En contraposición, los informes de inteligencia señalados por Ramos Padilla consistían en la recopilación de datos de fuentes abiertas y en la obtención de imágenes en espacios públicos, actividades que caen dentro de las competencias de preservación de la seguridad presidencial.
