El ritmo de ingreso de expedientes se mantiene por encima de las 11.000 demandas mensuales durante el último año. Si esta dinámica continúa, la estimación para diciembre alcanza los 137.800 nuevos juicios.
Julio cerró con 7.814 presentaciones, una cifra menor a la registrada en junio, en parte por el efecto estacional de la feria judicial. La reducción de un mes a otro no modifica la evolución acumulada: durante los últimos 12 meses se contabilizaron aproximadamente 135.400 notificaciones.
El volumen de litigios también muestra una diferencia considerable respecto de otros países. La cantidad de demandas laborales vinculadas con el sistema argentino resulta 23 veces superior a la registrada en Chile y 16 veces mayor que la de España.
El escenario plantea un desafío para el funcionamiento del régimen de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que actualmente alcanza a más de 10 millones de trabajadores y cerca de un millón de empleadores. La elevada judicialización es considerada uno de los factores que afectan la previsibilidad del sistema.
El comportamiento tampoco es uniforme entre las distintas jurisdicciones. Santa Fe se ubicó en julio entre las provincias con mayor cantidad de nuevas demandas, con 1.525 casos, un incremento del 20,7% respecto del mismo mes de 2025.
Con ese resultado, la provincia desplazó a la Ciudad de Buenos Aires, que registró 1.510 presentaciones, y quedó segunda en el ranking nacional. La provincia de Buenos Aires se mantuvo en el primer lugar, con 2.805 demandas.
Entre enero y julio, Santa Fe acumuló 12.150 juicios, lo que representa un aumento interanual del 18%. El incremento provincial fue muy superior al registrado en el conjunto del país, donde la suba alcanzó el 2%.
La diferencia también se refleja en la tasa de litigiosidad. Para Santa Fe se proyectan 349 juicios cada 10.000 trabajadores durante 2026, frente a un promedio nacional de 138. La tasa provincial resulta así más de 2,5 veces superior a la del país.
El aumento se produce luego de la creación en Santa Fe del Cuerpo de Peritos Oficiales, una medida que buscó reducir los incentivos para la presentación de demandas consideradas injustificadas y aportar mayor previsibilidad al sistema.
En paralelo, un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner el foco sobre los criterios judiciales aplicados en este tipo de expedientes. El 6 de agosto, el máximo tribunal resolvió por unanimidad el caso “Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A. s/ recurso Ley 27.348”.
Los jueces revocaron una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había incrementado una condena contra una ART, pese a que el trabajador no había apelado la resolución original.
La Corte entendió que esa modificación vulneraba el principio de “reformatio in peius”, según el cual una sentencia no puede ser modificada en perjuicio de quien no la apeló.
El fallo fue considerado dentro del sector como una señal favorable para limitar criterios que puedan incrementar la judicialización. A su vez, se destacó el alcance del artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral, que establece que los jueces laborales deben adecuar sus decisiones a la doctrina de la Corte Suprema, bajo riesgo de incurrir en mal desempeño.
La evolución de las demandas mantiene, de todos modos, una tendencia ascendente. El elevado nivel de litigiosidad plantea la necesidad de generar mayor previsibilidad en el funcionamiento del sistema y constituye uno de los principales desafíos para las ART, los trabajadores y los empleadores.
El régimen de riesgos del trabajo también tiene entre sus objetivos la prevención de accidentes, la atención de los trabajadores y la cobertura de los empleadores. Desde su creación, las políticas de prevención permitieron evitar 5,1 millones de accidentes laborales y contribuyeron a salvar más de 20.000 vidas.
Con las cifras acumuladas hasta julio y el ritmo actual de presentación de expedientes, el sistema se encamina a cerrar 2026 con alrededor de 138.000 nuevos litigios.
