El Tribunal Oral Federal N° 4 comunicó esta mañana que se ofreció a los acusados la oportunidad de pronunciar sus “últimas palabras” antes de la sentencia, en un breve acto legal.
Entre los acusados se encuentran alrededor de treinta empresarios y exfuncionarios, incluidos Julio De Vido y José López, quienes fueron figuras clave en la gestión de la obra pública durante ese período. La fiscalía solicitó cinco años de cárcel por cohecho y fraude al Estado para ambos.
El fiscal Abel Córdoba identificó a los acusados como actores centrales de un amplio esquema de corrupción que manipuló contrataciones para la expansión de dos gasoductos. Según se argumentó, la maniobra implicaba el pago de sobornos a funcionarios, el uso de facturas falsas para justificar flujos de dinero y sobreprecios en las obras, las cuales fueron adjudicadas a la compañía sueca Skanska.
Los jueces del TOF son Jorge Gorini, Costabel y María Gabriela López Iñiguez. El juicio se inició hace más de dos años, pero remite a una trama que se desarrolló casi dos décadas atrás, en respuesta a una denuncia de la Coalición Cívica y un artículo de un medio.
Dicha denuncia aludía a las sospechas de la justicia tributaria sobre la existencia de una red de empresas fantasmas que Skanska habría utilizado para evadir impuestos y hacer pagos ilícitos a funcionarios.
Las obras en cuestión comenzaron a ser objeto de revisión judicial y contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, en una respuesta a la creciente demanda energética tras la crisis del 2001. Este proyecto incluía la instalación de nuevas tuberías, la extensión de las existentes y la suma de compresores de gas.
No obstante, la causa se detuvo en 2011 debido a una resolución de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de varios de los investigados. López y De Vido no formaban parte de ese grupo, aunque muchos de los actuales acusados, como Néstor Ulloa, sí enfrentaron el proceso en ese momento.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las encargadas de la licitación, mientras que Skanska fue contratada para llevar a cabo las obras, actuando en una como adjudicataria y en la otra como subcontratada de Odebrecht, otra compañía involucrada en un escándalo de corrupción de gran magnitud en la región.
Tras el fallo de la Cámara, el expediente de Skanska permaneció prácticamente cerrado hasta que se reactivó gracias a la revalidación judicial de un material clave. Se trataba de una grabación recuperada durante un allanamiento, en la que el alto ejecutivo Javier Azcárate admitía ante un auditor que había entregado sobornos para conseguir contratos de obras públicas en el país. También afirmaba que se habían utilizado facturas falsas para justificar estos pagos a funcionarios de Enargas y Nación Fideicomisos, confirmando así la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, se escucha en la grabación. En otro pasaje agrega: “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, además de comentar sobre el reparto de sobornos, distribuidos en un 5% entre Enargas y Nación Fideicomisos.
Inicialmente, la Cámara había desestimado esta grabación por no ser fruto de una orden judicial, sino de una investigación interna. Sin embargo, en 2015, la Corte Suprema abrió la puerta para su incorporación y eventualmente la Cámara Federal de Casación Penal validó su uso en la causa, advirtiendo que hay derechos también para las víctimas.
Con la grabación de Azcárate aceptada, el fiscal Carlos Stornelli solicitó anular los sobreseimientos y el caso recobró impulso. Durante el juicio, el fiscal Córdoba mantuvo las acusaciones contra ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, solicitando para ellos cuatro años y medio de prisión. Entre los acusados se encuentran Azcárate, Mario Piantoni, Gustavo Vago y otros cinco directivos.
Por otro lado, para los otros 17 acusados, se pidió la absolución.
De Vido se enfrenta a la posibilidad de una nueva condena que se sumaría a su historial judicial, que ya incluye cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, vinculada a la tragedia de Once, por la que actualmente cumple prisión domiciliaria. A su vez, está siendo juzgado en otro caso relacionado a un programa de viviendas sociales.
López, por su parte, comparte la misma acusación y podría sumar seis años a su ya considerable pena acumulada.
