El proyecto podría generar un nuevo foco de tensión con Argentina, que mantiene vigente el decreto 256 de 2010. La normativa establece que los buques que se dirijan hacia las islas Malvinas o partan desde allí deben solicitar autorización previa a las autoridades argentinas antes de atravesar aguas jurisdiccionales del país.
La iniciativa se conoce además en un momento de renovadas controversias entre Buenos Aires y Santiago por cuestiones vinculadas con el Estrecho de Magallanes. En las últimas semanas, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre parte del estrecho.
El episodio se sumó a otras declaraciones recientes. El jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, había sostenido que “la boca de Magallanes es argentina”. A esto se agregó, en julio, una protesta argentina por la llegada a Punta Arenas del patrullero británico “Medway”, con operaciones desde las Malvinas.
El arribo del buque generó cuestionamientos en Chile, pese a que los tratados vigentes establecen al Estrecho de Magallanes como una vía marítima internacional de libre tránsito. En ese contexto, seis excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas señalaron que resulta difícil construir una relación de plena confianza con Argentina mientras permanezcan disposiciones que Chile considera incompatibles con los acuerdos vigentes.
La nueva conexión marítima es impulsada principalmente por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien sostiene que las restricciones comerciales vinculadas con las Malvinas han tenido un impacto económico negativo en la región. Según sus estimaciones, las pérdidas alcanzarían unos 300 millones de dólares.
Radonich también afirmó que la Corporación de Desarrollo de las islas Malvinas ya formalizó un contrato con la naviera chilena Eastern Island, que actualmente opera una ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua. El primer viaje de la nueva conexión estaría previsto para noviembre.
El 28 y 29 de septiembre, además, una delegación comercial del gobierno de las islas Malvinas tiene previsto viajar a Punta Arenas para mantener reuniones con proveedores chilenos. El objetivo será avanzar en la búsqueda de productos y servicios que puedan ser enviados desde Chile hacia las islas.
Desde las Malvinas también se ha señalado el interés en recuperar una conexión marítima comercial con Chile. Las compras potenciales del mercado isleño fueron estimadas en unos 20 millones de dólares anuales.
Entre los productos que Chile podría enviar se encuentran alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, de acuerdo con los requerimientos planteados desde las islas.
Ante la posibilidad de que la nueva ruta genere cuestionamientos por las disposiciones adoptadas en el marco del Mercosur, Radonich sostuvo que no existiría una contradicción con la declaración de 2011 que restringe el ingreso a los puertos de los países firmantes de embarcaciones con bandera de las islas Malvinas. Según su argumento, el buque que cubrirá la nueva ruta utilizará otra bandera.
La naviera Eastern Island había manifestado en julio su intención de poner en marcha la conexión. De concretarse, Punta Arenas se convertiría en un punto de acceso considerablemente más cercano para las islas Malvinas que la actual conexión marítima con Montevideo.
