El reclamo de la ANAC comprende seis facturas correspondientes a distintos períodos. La primera, por $467.440.740, venció el 10 de marzo; la segunda, de $416.907.780, tenía como fecha límite el 9 de abril. La tercera, por $136.619.200, venció el 8 de mayo, mientras que la cuarta, de $94.861.560, debía abonarse el 10 de junio.
A estos montos se suman una quinta factura de $252.060.260, con vencimiento el 14 de julio, y una sexta de $96.153.130, cuyo plazo de pago finalizó el 14 de agosto.
El reclamo incorpora además una suma provisoria de $585 millones en concepto de intereses y costas. De esta manera, el embargo solicitado por la ANAC supera los $2.000 millones.
Antes de recurrir a la Justicia, el organismo había intimado a Flybondi mediante una carta documento enviada el 21 de julio. Ante la falta de respuesta, se inició el proceso de ejecución correspondiente.
La causa tramita ante el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 5, a cargo del juez Elías Alfredo Tapia.
El conflicto económico se produce luego de que, a comienzos de agosto, la ANAC le solicitara a la aerolínea un plan de acción para reducir el elevado número de cancelaciones. En ese momento, el organismo descartó adoptar medidas que pudieran comprometer la continuidad de los vuelos y sostuvo que la empresa cumplía con las normas de seguridad operacional.
De acuerdo con la evaluación realizada por la ANAC, las deficiencias detectadas afectaban la calidad del servicio, pero no representaban un riesgo para la seguridad de las operaciones.
A pesar de esa evaluación, el organismo labró dos actas contra la compañía por las cancelaciones registradas durante junio y julio. La primera estuvo vinculada con más de 20 vuelos suspendidos, mientras que la segunda comprendió más de 100 cancelaciones.
Desde el organismo explicaron que la legislación argentina no habilita la suspensión cautelar de la venta de pasajes ni de las operaciones de una compañía que cuenta con autorización vigente. Según ese criterio, una medida de ese tipo podría afectar el derecho a desarrollar una actividad comercial protegido por la Constitución Nacional.
La situación fue diferente en Brasil, donde la Agencia Nacional de Aviación Civil de ese país suspendió la venta de pasajes de Flybondi hacia Río de Janeiro, Florianópolis, Maceió y Salvador.
La medida fue adoptada a raíz del aumento de las cancelaciones, la reducción de las operaciones de la empresa en territorio brasileño, inconsistencias detectadas en la programación de vuelos y un incremento significativo de los reclamos de pasajeros.
Además, la autoridad aeronáutica brasileña estableció que Flybondi no podrá ampliar sus operaciones en ese país hasta que sean corregidas las irregularidades identificadas.
La aerolínea, por su parte, no opera vuelos desde el 6 de agosto.
