A través de una resolución, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, convalidó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante a fines de 2022. La norma modificó los indicadores urbanísticos de un terreno frente al mar, rodeado por un bosque añoso y situado junto a un arroyo, donde está prevista la construcción de nueve edificios. La decisión despertó críticas de vecinos y organizaciones ambientalistas, que se oponen a levantar construcciones en una reserva forestal.
Se trata de un megaproyecto residencial cuyas obras ya comenzaron en el predio de uno de los balnearios más exclusivos y caros de Mar del Plata, en el kilómetro 530 de la ruta interbalnearia 11, al sur del faro de Punta Mogotes.
La firma del funcionario provincial otorgó al proyecto el aval que necesitaba para ampliar de manera significativa su capacidad constructiva en seis hectáreas del barrio Alfar. La ordenanza elevó el Factor de Ocupación Total de 0,16 a 0,30 y el de Ocupación del Suelo de 0,07 a 0,10. También aumentó la densidad neta de 80 a 100 habitantes por hectárea y la altura máxima permitida, de 9 a 12 metros. De ese modo, habilita complejos con planta baja y tres pisos dentro de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.
La Provincia fundamentó su aprobación en dictámenes técnicos de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente bonaerense, que habían emitido informes de prefactibilidad hídrica y ambiental. Sin embargo, la resolución subraya que la responsabilidad primaria sobre el ordenamiento territorial corresponde a la Municipalidad de General Pueyrredón.
El texto también establece que la aprobación definitiva de una subdivisión o el inicio de actividades en el terreno exigirán el cumplimiento de la legislación provincial vigente sobre infraestructura y servicios. Por lo tanto, la convalidación no equivale a un permiso de obra automático.
El aval administrativo se conoció mientras organizaciones ambientalistas buscan frenar el proyecto en la Justicia ordinaria. La falta de la aprobación provincial era uno de los principales argumentos de los vecinos para cuestionar la validez legal del proceso.
En agosto de 2026, la Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina presentaron una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Mar del Plata. Solicitaron que se anulara la Declaración de Impacto Ambiental que había emitido el ente municipal EMSUR.
Los demandantes también reclamaron una medida cautelar urgente para detener cualquier movimiento de suelo o tala de árboles en el predio. En el escrito advirtieron que el plan prevé unos 40.000 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en varios edificios que sumarían 198 viviendas.
Las agrupaciones sostienen que la intervención pone en riesgo el sistema de médanos, el acceso público a la ribera y el entorno natural del arroyo Corrientes. También alertan sobre la posible remoción de cientos de árboles en un ecosistema frágil.
A su juicio, si se concreta un emprendimiento de esa escala a pocos pasos del mar, “de reserva no queda nada”. Entre otros cuestionamientos, afirman que ya habrían comenzado tareas preliminares antes de obtener todos los avales necesarios, como la fijación de dunas y el trasplante de vegetación. Además, señalan que no se realizó un relevamiento arqueológico en una zona con antecedentes de yacimientos milenarios y que no se definieron con suficiente precisión la línea de ribera ni las restricciones de protección del curso de agua cercano.
El estudio responsable del diseño arquitectónico explicó la propuesta urbana y los criterios de sustentabilidad previstos. En una publicación especializada, los arquitectos Susana La Porta Drago y Axel Zemborain señalaron que el proyecto busca adaptarse a la topografía del lugar. Según indicaron, las estructuras ocuparán solo el diez por ciento del terreno y los edificios se ubicarán de manera orgánica en los sectores con menor densidad de árboles para reducir el impacto.
Los proyectistas agregaron que las fachadas curvas y los volúmenes triangulares apuntan a disminuir la presencia visual de las construcciones entre el arbolado. También sostuvieron que los estacionamientos serán subterráneos, para dar prioridad a la circulación peatonal, y que el plan paisajístico contempla regenerar el bosque con especies nativas.
A pesar de los compromisos de sustentabilidad planteados por los desarrolladores, la decisión de convalidar la ordenanza reavivó el debate sobre los criterios de control en la franja costera.
La resolución administrativa favorece ahora al expediente privado, mientras la causa judicial sigue demorada por discusiones procesales.
El caso también expone una contradicción con recientes cambios normativos impulsados por el gobierno bonaerense en materia hídrica. A fines del año pasado, el Ministerio de Infraestructura promovió, mediante el Presupuesto 2026, modificaciones al Código de Aguas provincial para reforzar las atribuciones de la Autoridad del Agua.
La iniciativa buscaba establecer por ley una prohibición estricta de loteos y construcciones permanentes dentro de los primeros 150 metros desde la línea de ribera y sobre toda la cadena de médanos. El criterio estaba destinado a frenar el avance inmobiliario desmedido sobre las playas bonaerenses.
Mientras la Provincia sostenía un discurso de protección ambiental frente al avance inmobiliario, el texto de la norma reservaba a la Autoridad del Agua la facultad discrecional de autorizar excepciones. En este caso, la convalidación municipal avanzó a partir de la interpretación de expedientes técnicos iniciados con anterioridad.
La firma del ministro termina así por validar la flexibilización de los indicadores urbanísticos en uno de los sectores más codiciados del sur marplatense y deja en evidencia la distancia entre el discurso oficial de protección costera y las decisiones administrativas adoptadas en La Plata.
La ratificación publicada en el Boletín Oficial brinda el respaldo normativo que el sector desarrollador necesitaba para consolidar la viabilidad del negocio. Sin embargo, la controversia sigue abierta en Mar del Plata, donde la comunidad debate entre el impulso al desarrollo privado y la preservación de los recursos naturales.
