Una de las principales ventajas de Mendoza es que la provincia ya cuenta con un fuero penal juvenil especializado, con jueces, fiscales, defensores y tribunales destinados a adolescentes, además de infraestructura específica.
En paralelo, una comisión integrada por representantes de la Justicia, organismos vinculados con la niñez y la Dirección General de Escuelas trabaja en un nuevo Código Procesal Juvenil. El objetivo es adaptar los procedimientos a la nueva legislación. Si el proyecto no logra ser aprobado dentro de los plazos previstos, se utilizará provisoriamente el código vigente hasta la sanción del nuevo marco.
Entre las principales novedades aparece la figura del supervisor, que reemplazará a los operadores de medidas alternativas. Serán profesionales con formación en educación, pedagogía, psicología o trabajo social y tendrán a su cargo entrevistas semanales con cada joven sometido a un proceso judicial, además de informes mensuales sobre su evolución.
El objetivo será acompañar a los adolescentes y abordar las problemáticas que puedan estar relacionadas con los delitos, entre ellas las adicciones y situaciones de violencia familiar.
La normativa también establece un amplio esquema de sanciones alternativas a la prisión. Entre las medidas previstas figuran amonestaciones, prohibiciones de acercamiento, restricciones para conducir o asistir a determinados eventos, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño. La privación de la libertad quedará como última instancia.
En cuanto a la infraestructura, no está prevista la construcción de nuevos centros. Se reorganizarán los espacios existentes para separar a los jóvenes según género y edad, de manera que los adolescentes de 14 y 15 años no compartan espacios con los de 16 y 17.
El exCose dispone actualmente de 85 plazas. Hay 46 jóvenes alojados en el Centro de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y otros dos en residencias con restricción de libertad. A su vez, 464 adolescentes cumplen medidas alternativas con seguimiento judicial.
La implementación también incorporará una herramienta tecnológica destinada a centralizar información sobre cada joven, incluyendo datos de su situación familiar y problemáticas personales. El sistema podrá ser consultado por jueces y otros integrantes del fuero juvenil.
Los datos de los últimos años muestran que en 2023 se iniciaron 486 expedientes que involucraron a 427 adolescentes, mientras que en 2024 hubo 462 expedientes y 349 jóvenes involucrados. Más del 60% de los casos correspondió a robos y hurtos, mientras que los delitos contra las personas representaron entre el 5% y el 6%.
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación, el régimen pasará a contemplar a adolescentes de entre 14 y 18 años y abarcará todo tipo de delitos, incluso en grado de tentativa. También se reemplazará el régimen establecido por la Ley Nacional 22.278 por el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil y se modificará el esquema de seguimiento de las medidas alternativas.
