La decisión implica que Cristina Kirchner deberá concurrir personalmente a los tribunales de Comodoro Py cada vez que el tribunal determine que su presencia es obligatoria. Esto alcanzará a las instancias en las que los imputados deban intervenir de manera directa, como las declaraciones indagatorias.
Para las restantes audiencias, en cambio, los abogados defensores podrán representar a sus clientes cuando las reglas procesales lo permitan. De esta manera, el tribunal estableció un esquema de participación que busca compatibilizar las exigencias del proceso con la cantidad de personas involucradas.
El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. Además de la expresidenta, entre los principales acusados figuran Máximo Kirchner y Lázaro Báez. El expediente también alcanza a empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas relacionadas con distintas sociedades.
Cristina Kirchner se encuentra bajo prisión domiciliaria a raíz de la condena en la causa Vialidad. Esa situación no modifica la obligación de presentarse ante el tribunal cuando su comparecencia personal sea requerida.
El juicio analizará operaciones comerciales vinculadas con las sociedades Hotesur y Los Sauces, relacionadas con la familia Kirchner. La investigación busca establecer si los negocios mantenidos con compañías vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo pudieron haber sido utilizados para canalizar fondos provenientes de actividades ilícitas.
Una de las cuestiones bajo análisis está relacionada con los alquileres y la administración de establecimientos hoteleros. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, empresas vinculadas a Báez y a Cristóbal López realizaron pagos a sociedades de la familia Kirchner como parte de esas relaciones comerciales.
Entre 2009 y 2013, los pagos realizados a través de Valle Mitre por la gestión de hoteles superaron los $27 millones. A su vez, empresas vinculadas al Grupo Austral habrían aportado más de $11 millones, según surge de la acusación incorporada al expediente.
La causa también contempla una hipótesis relacionada con el expediente Vialidad y un supuesto esquema de sobornos. Ese planteo se basa en las relaciones comerciales desarrolladas durante el período en que Cristina Kirchner ejercía funciones públicas con empresarios que mantenían contratos con el Estado.
Con el esquema de presencialidad ya definido, el tribunal deberá avanzar ahora con un proceso de gran volumen, tanto por la cantidad de imputados como por el número de testigos previstos. La organización de las audiencias será, por ese motivo, uno de los aspectos centrales para el desarrollo del debate oral.
